Caso Esequibo: ¿Cómo ExxonMobil atiza la disputa entre Guyana y Venezuela?

Caso Esequibo: ¿Cómo ExxonMobil atiza la disputa entre Guyana y Venezuela?

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Caracas, 2 de marzo de 2021(Las Noticias de Ítalo).-La disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo ha llegado incluso a la Corte Internacional de Justicia. Pero detrás de los argumentos de las dos naciones latinoamericanas se esconden los intereses de un tercer jugador, la petrolera privada estadounidense ExxonMobil. 

La Corte Internacional de Justicia en su sentencia del 18 de diciembre de 2020 se otorgó jurisdicción para intervenir en la histórica disputa entre Venezuela y Guyana sobre el territorio del Esequibo, en reclamación por la nación bolivariana. Venezuela se mantuvo al margen de esta acción legal para no brindarle legitimidad. Su respuesta fue la creación, en 2020, de una comisión presidencial en defensa de sus derechos sobre el Esequibo. 

 

 

Mientras tanto, Guyana reconoce públicamente que sufragó sus gastos ante La Haya con el financiamiento que obtuvo de una entidad privada: ExxonMobil, la empresa que explora desde hace casi tres décadas en la zona en disputa y que ha delimitado un bloque de más de 26.000 kilómetros cuadrados que no solo se extiende sobre el territorio en disputa, sino que transgrede los límites de la soberanía territorial venezolana. 

Ahora, Venezuela debe afinar su estrategia en este complejo escenario de bloqueo económico y político, al que podría sumarse un bloqueo diplomático y legal en detrimento de su integridad territorial. 

Sentencia con vicios de nulidad 

El diputado Hermann Escarrá, presidente de la Comisión Especial de Defensa del territorio de la Guyana Esequiba y la Soberanía Territorial, indicó, en declaraciones a Sputnik, que la más reciente decisión de la CIJ sobre el caso Esequibo está basada en el supuesto consentimiento de ambos países, cuando Venezuela no ha firmado una cláusula compromisoria con Guyana y se ha manifestado abiertamente en contra de esta solicitud, que considera unilateral por parte de António Guterres.

«Debe producirse un acuerdo de consenso de las partes a los efectos de que se pueda activar la jurisdicción de la Corte, y esto no ocurrió así. No existe el consentimiento de las partes a la luz del estatuto y de la jurisprudencia. El hecho de que la Corte Internacional de Justicia se declarara competente para examinar la demanda incubada en el procedimiento por Guyana indudablemente echa por tierra, viola, desconoce, principios fundamentales del derecho procesal internacional que tienen que ver con la validez legal y que tiene que ver también con el mismo hecho de imponer de manera unilateral una jurisdicción». 

Guyana defiende un límite establecido en 1899 por una corte de arbitraje en París, mientras que Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966. Este acuerdo se firmó con el Reino Unido antes de la independencia de Guayana y establece mecanismos para una solución práctica.

«Venezuela de manera reiterada ha señalado (…) que el acuerdo debe serlo en el marco del Tratado de Ginebra pero que además no acepta la fórmula del arreglo judicial o de la jurisdicción de la CIJ. Sí está de acuerdo con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas en lo que es la sucesividad de las distintas fases o instituciones que deben ocurrir, sea que estemos hablando de buenos oficios, de la conciliación, la investigación o del tercero.en todo caso los sistemas de composición institucional que prevé está norma. Pero de ninguna manera de ninguna manera, activar unilateralmente como lo hizo el secretario general de las Naciones Unidas, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, lo que hace que su sentencia no solo sea inválida, sino que está viciada de nulidad absoluta». 

«No puede ser una solución de carácter judicial» 

El jurista venezolano explica que la sentencia del 18 de diciembre de 2020 contiene una interpretación equivocada del artículo cuarto del Acuerdo de Ginebra. En este sentido, Hermann Escarrá sostiene que dicho acuerdo establece bases para una solución práctica entre ambas partes.

«En conformidad a ese artículo cuarto, si las partes no eligen uno de los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la carta de las Naciones Unidas, debe utilizarse la fórmula que conduzcan a una solución práctica de la controversia, que es la razón de ser final, del acuerdo de Ginebra, La búsqueda mediante un diálogo abierto y amistoso sobre esta contención y una salida práctica. La sola explicación de la salida práctica, demuestra inequívocamente que no puede ser una solución de carácter judicial». 

De los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia, cuatro emitieron un voto disidente. Escarrá sostiene que basaron su argumento en la ausencia de un acuerdo entre Venezuela y Guyana para activar la jurisdicción de la COI, lo que califica como «un nefasto precedente», dado que cambia el comportamiento de la jurisprudencia y además afecta al propio estatuto de la Corte. 

«No veo cómo de ese párrafo se pueda deducir de manera directa que el secretario general podía tomar la decisión que tomó de asignarle competencia y jurisdicción a la CIJ», expresó. 

Venezuela aún no anuncia si comparecerá o no ante la Corte Internacional de Justicia, decisión que compete al presidente y jefe de Estado venezolano, sin embargo, el diputado Hermann Escarrá asegura que Venezuela buscará la forma de hacer su defensa a través de distintos procedimientos establecidos por las Naciones Unidas para dirimir este tipo de controversias. 

«Cualquiera que sea la decisión que tome el presidente Maduro, quien ha defendido con inequívoca claridad y firmeza la soberanía de Venezuela y en particular en los derechos sobre el Esquibo, nosotros la vamos a apoyar, porque se trata de una política de Estado, se trata también de quién tiene la mayor competencia constitucional en esta materia, que es el jefe de Estado, y se trata también de que quien es titular de la presidencia de la República en Venezuela ha defendido indiscutiblemente con claridad y firmeza la soberanía de Venezuela», afirmó. 

ExxonMobil tras los bastidores 

En 2015, ExxonMobil anunció el descubrimiento de un importante yacimiento de crudo en el Esequibo, y ahora Guyana es la primera nación en reconocer públicamente que sufragó sus gastos ante La Haya con el financiamiento que obtuvo de la transnacional petrolera, cuyas operaciones petroleras en la zona se remontan a 1993. 

Escarrá considera que permitir la actividad de ExxonMobil en el territorio del Esequibo por parte de Guyana es una provocación. 

«Por eso hemos sostenido que en algún momento tenga que intervenir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, puesto que este conflicto podría escalar y traer como consecuencias que afectarían sin lugar a duda a todo el continente. Nosotros pensamos que Exxon actúa como representante de los Estados Unidos. No olvidemos que Estados Unidos dejó de ser un Estado de una sola estructura constitucional, sino que tiene una estructura global y mercantil donde funcionan con mucha soberanía y fuerza entidades internacionales de carácter económico, o empresas o corporaciones, que son las que definen el destino político norteamericano». 

Venezuela ha enviado numerosas notas de protesta a Guyana por otorgar concesiones a la transnacional estadounidense en la zona en reclamación. Lejos de detenerse, las actividades de la petrolera se han expandido.  

«Hay que señalar que en el área no solamente hay petróleo. Hay oro, hay diamante, hay mica, hay bauxita, hay magnesio, hay uranio, hay gas natural, hay agua dulce, hay energía hidroeléctrica, hay bosques, hay sabana, hay biodiversidad, hay pesca, hay turismo, entre tantos otros aspectos. El campo de Stabroek de exploración de Exxon Mobil es de 26.800 kilómetros cuadrados y por supuesto no solamente penetrando la zona en reclamación sino en algunos casos, directamente en las áreas de Venezuela que no son objeto de reclamación alguna».  

El diputado venezolano explicó que por esta razón el Gobierno venezolano aprobó un decreto para crear cuatro zonas operativas de defensa integral marítima e insular y planteó una Ley de Asuntos Limítrofes. En respuesta, Guyana continúa otorgando concesiones para la explotación de petróleo, oro, bauxita y otros minerales estratégicos.  

«Esto nos lleva a ver con sumo cuidado este tema porque es una violación directa, permanente, de la República Cooperativa de Guyana con el apoyo militar de los Estados Unidos y contra Venezuela. Frente a esto, el presidente de la República, ha tenido una posición muy firme, muy clara, acaba de dictar un decreto de protección del Delta, de las bocas del Orinoco y por supuesto del área más estratégica de la Zona en Reclamación, en el entendido de que se trata de un área venezolana y que cualquier situación debe resolverse de manera práctica, pero respetándose recíprocamente, pero en el marco del Acuerdo de Ginebra». 

Mutuo beneficio 

La disputa por el territorio del Esequibo tiene más de un siglo y hasta ahora no hay razones para considerar que la salida práctica que plantea el Acuerdo de Ginebra se produzca en poco tiempo. En este caso, preguntamos al jurista venezolano si Venezuela puede exigir favorecerse de las actividades petroleras a realizarse en el territorio disputa.

«La verdad es que esto sería alterar el acuerdo de Ginebra, pero en todo caso nada niega que Venezuela pueda también otorgar concesiones, buscar socios y otras alternativas en la zona en contención y por otra parte, puede también pedirle a la Organización de las Naciones Unidas y al propio Consejo de Seguridad, y es algo que debió hacer la Corte Internacional de Justicia lo que voy a decir, suspender toda actividad que violando el acuerdo de Ginebra signifique la entrega de concesiones o permisos en el área».  

Para que ambas naciones puedan favorecerse de la riqueza natural y energética del territorio del Esequibo, Escarrá explica que antes Venezuela y Guyana deben lograr la solución práctica en el marco del Acuerdo de Ginebra, garantizando que la soberanía nacional no se vea afectada.

«Tenemos justos y amplios títulos, claramente explicados en todas las declaraciones, y el presidente Maduro nombró, el año pasado, una Comisión Presidencial para la Defensa del Esequibo. Y ahora el Poder Legislativo nacional nombró una comisión parlamentaria especial para la defensa de los derechos venezolanos soberanos en el Esequibo. De lo que se trata es de articular en conjunto una posición de Estado, una política de Estado que la dirija Nicolás Maduro y apoyarlo, todos los venezolanos, en esta situación que se produce en un marco geopolítico muy complejo porque está el apoyo de Estados Unidos y sus aliados a Guyana en una operación contra Venezuela. El pueblo de Venezuela y su Gobierno jamás van a aceptar ceder un milímetro de su territorio y nosotros defenderemos, el pueblo de Venezuela y todas sus instituciones, con mucha claridad, nuestros derechos sobre el Esequibo». 

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